El 8 de octubre de 2026, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) publicó un nuevo dictamen que refuerza las expectativas de supervisión sobre las stablecoins que no cumplen el Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA) de la Unión Europea. El documento, identificado como ESMA75-113276571-1742, establece que los proveedores autorizados de servicios de criptoactivos no deben seguir ofreciendo a los clientes de la UE servicios relacionados con stablecoins que incumplan esta normativa. A diferencia de las orientaciones anteriores, centradas principalmente en la negociación y adquisición de estos activos, el nuevo dictamen también abarca la custodia, las transferencias, los intercambios y otros servicios relacionados con las criptomonedas. Las tenencias existentes podrán acogerse a medidas temporales para su conversión o retirada, pero los reguladores esperan que las situaciones pendientes se resuelvan en un plazo máximo de tres meses desde la publicación del documento.
El dictamen de octubre supone un avance importante en la interpretación de los requisitos europeos aplicables a las stablecoins. Las disposiciones de MiCA relativas a los tokens referenciados a activos y los tokens de dinero electrónico se aplican desde el 30 de junio de 2024, mientras que el resto del reglamento comenzó a aplicarse el 30 de diciembre de 2024. En enero de 2025, ESMA instó a los supervisores nacionales a garantizar que los proveedores de servicios de criptoactivos dejaran de ofrecer determinados servicios relacionados con stablecoins no conformes antes de finalizar el primer trimestre. El documento de octubre de 2026 amplía este enfoque al abordar servicios que anteriormente podían seguir disponibles pese a las restricciones comerciales.
ESMA espera ahora que los proveedores autorizados de servicios de criptoactivos, conocidos como CASP, eviten mantener o facilitar el acceso a stablecoins que no cumplan los requisitos de MiCA. Esta interpretación afecta a las operaciones de intercambio, la ejecución de órdenes, el asesoramiento en materia de inversión, la gestión de carteras, la custodia, la administración y las transferencias de criptoactivos. El cambio fundamental consiste en que las restricciones ya no se evalúan principalmente en función de si una actividad constituye una oferta pública o una admisión a negociación. Los supervisores también deben analizar si el propio servicio permite a los clientes europeos acceder a un token no autorizado o mantener su exposición a él.
El dictamen no introduce una nueva legislación europea ni prohíbe automáticamente todas las stablecoins emitidas fuera de Europa. Su finalidad es aclarar cómo deben aplicarse de manera uniforme las obligaciones existentes de MiCA en los Estados miembros. ESMA fundamenta parcialmente su posición en el artículo 66.1, que exige a las empresas autorizadas de criptoactivos actuar con honestidad, imparcialidad y profesionalidad, atendiendo al interés de sus clientes. Según la autoridad, las empresas no pueden compensar adecuadamente la ausencia de garantías por parte del emisor mediante advertencias o el consentimiento del cliente. Por tanto, informar de que un token no cumple MiCA ya no constituye una justificación suficiente para continuar prestando servicios ordinarios relacionados con él.
Las restricciones afectan a dos categorías regulatorias: los tokens referenciados a activos (ART) y los tokens de dinero electrónico (EMT). Un EMT pretende mantener un valor estable tomando como referencia una moneda oficial, como el euro o el dólar estadounidense. Un ART utiliza como referencia otro valor, derecho o combinación de valores, que puede incluir varias monedas u otros activos. Ambas categorías están sujetas a condiciones específicas de MiCA para su emisión legal, oferta pública y admisión a negociación. Una stablecoin queda comprendida en el dictamen de ESMA de octubre cuando no satisface las condiciones aplicables, teniendo en cuenta las posibles excepciones o disposiciones transitorias.
El cumplimiento normativo depende de algo más que la capacidad de una stablecoin para mantener su precio de referencia. MiCA establece requisitos relativos a la autorización de los emisores, la gobernanza, la divulgación de información, la protección de los activos y los derechos de reembolso. Por regla general, los emisores de EMT deben estar autorizados como entidades de crédito o entidades de dinero electrónico, mientras que los emisores de ART están sujetos a un régimen de autorización diferente. Por consiguiente, un token respaldado por reservas considerables puede seguir enfrentándose a restricciones si su emisión o disponibilidad en la UE no cumple los requisitos legales correspondientes. Del mismo modo, que una stablecoin esté denominada en dólares estadounidenses no significa automáticamente que sea ilegal para los clientes europeos.
USDC constituye un ejemplo útil de stablecoin vinculada al dólar que opera dentro del marco regulatorio europeo. Su emisor europeo, Circle Internet Financial Europe SAS, desarrolla su actividad conforme a las normas aplicables al dinero electrónico. El 14 de octubre de 2026, la Autoridad Bancaria Europea clasificó USDC como el primer token de dinero electrónico significativo de la UE, con medidas adicionales de supervisión previstas a partir del 12 de noviembre. Este acontecimiento no debe confundirse con el dictamen de ESMA ni interpretarse como una aprobación de todos los servicios relacionados con USDC. Para cualquier stablecoin, los usuarios deben comprobar los datos del emisor, del token y de su autorización, en lugar de confiar únicamente en un símbolo de cotización conocido.
Los exchanges de criptomonedas que prestan servicios a residentes de la UE se enfrentan a obligaciones de cumplimiento más amplias según la última interpretación de ESMA. Retirar un token no conforme de la lista de pares de negociación disponibles puede dejar de ser suficiente si los clientes pueden seguir accediendo a él mediante otros servicios. Los operadores deben evaluar si las funciones de intercambio, las conversiones automáticas, las cuentas de custodia o los mecanismos de transferencia permiten mantener el acceso al activo restringido. Los reguladores esperan que se apliquen controles técnicos, contractuales y organizativos adecuados para impedir nuevas compras y aumentos de la exposición existente. Estas exigencias pueden afectar tanto a los clientes particulares como a las empresas que utilizan stablecoins en operaciones habituales con criptomonedas.
Para los inversores particulares, las consecuencias más visibles pueden incluir la suspensión de compras, la desaparición de determinados pares de negociación y restricciones sobre los depósitos o transferencias de ciertos tokens. El saldo de una stablecoin podría seguir apareciendo en la cuenta incluso cuando las funciones habituales de negociación estén deshabilitadas. Sin embargo, mantener temporalmente el acceso a un saldo existente no debe interpretarse como un derecho permanente a utilizar servicios de custodia o transferencia. ESMA incluye estos servicios en el alcance de su dictamen, aunque los supervisores nacionales pueden permitir medidas limitadas para proteger a los clientes durante una retirada ordenada. Las opciones concretas dependerán de las condiciones del proveedor y de las instrucciones de la autoridad competente.
La actividad transfronteriza representa otro desafío. Una empresa de criptomonedas autorizada en un país de la UE puede prestar servicios a clientes de otros Estados miembros mediante el régimen de pasaporte europeo previsto en MiCA. Sin embargo, no puede asumir que una interpretación más permisiva en una jurisdicción le permita mantener el acceso a stablecoins no conformes en toda Europa. El dictamen de ESMA pretende fomentar una aplicación coherente de las normas por parte de los supervisores nacionales. El 9 de octubre de 2026, la Autoridad de los Mercados Financieros de Austria confirmó que tendría en cuenta estas expectativas al supervisar a las empresas autorizadas de criptoactivos, ofreciendo uno de los primeros ejemplos de respuesta nacional.
ESMA ha establecido una expectativa de supervisión clara para las tenencias anteriores que todavía estén pendientes de regularización. Cuando los reguladores nacionales detecten exposiciones existentes a stablecoins no conformes, deberán exigir que las situaciones correspondientes se resuelvan lo antes posible y, en cualquier caso, dentro de los tres meses posteriores a la publicación del dictamen. Tomando como referencia el 8 de octubre de 2026, el límite máximo indicado en el documento corresponde al 8 de enero de 2027. Esto no constituye un periodo de gracia general que permita operar sin restricciones hasta enero. La obligación consiste en actuar con rapidez y permitir servicios temporales únicamente cuando sean necesarios para proteger a los clientes existentes y completar una retirada ordenada.
Durante este proceso, los supervisores pueden autorizar servicios limitados relacionados con la liquidación, conversión, retirada, transferencia o custodia de las tenencias existentes. Por ejemplo, un exchange podría habilitar una función exclusiva de venta que permitiera a sus clientes convertir una stablecoin restringida en un activo permitido. También podría mantenerse una opción de retirada cuando fuera necesaria para cerrar una posición existente de forma segura. Estas medidas deben ser temporales, comunicarse claramente y permanecer bajo una supervisión estricta. No pueden utilizarse para justificar nuevas compras, promociones activas, operaciones ordinarias ni la distribución continuada de stablecoins no conformes entre clientes de la UE.
Los inversores no deben asumir que el periodo de tres meses garantiza la liquidez o un tipo de conversión determinado. La exclusión de un token de los mercados puede reducir los pares de negociación disponibles y la profundidad del mercado, haciendo que su conversión resulte más cara o complicada. Una stablecoin diseñada para mantener una equivalencia de un dólar puede cotizar por encima o por debajo de ese valor, especialmente cuando la liquidez se fragmenta. Los usuarios deben revisar las comisiones de conversión, los diferenciales de precio, las redes de retirada y cualquier restricción anunciada por su proveedor. También conviene distinguir entre el valor de mercado del token y los posibles derechos de reembolso frente al emisor, ya que estos dependen de las condiciones legales aplicables y pueden no estar disponibles para todos los titulares que adquirieron el activo en el mercado secundario.

El primer paso para quienes poseen stablecoins consiste en identificar exactamente qué activos mantienen y comprobar si los servicios que utilizan están autorizados conforme a MiCA. ESMA dispone de un registro público que incluye información sobre los proveedores autorizados de servicios de criptoactivos y los emisores correspondientes de ART y EMT. Este registro permite verificar determinados datos regulatorios, aunque las inscripciones deben interpretarse correctamente y no constituyen una garantía frente a pérdidas financieras. Que una empresa figure en el registro no significa que todos los tokens o servicios que ofrece cumplan automáticamente la normativa. Los usuarios también deben consultar los comunicados oficiales de su exchange y del emisor de la stablecoin antes de tomar decisiones.
Quienes mantengan una stablecoin potencialmente afectada por las restricciones deberían revisar las alternativas disponibles antes de que el acceso resulte más limitado. Entre las posibilidades se encuentran convertir el saldo a euros, elegir otra stablecoin conforme a MiCA o efectuar una retirada permitida. Cada alternativa implica costes y riesgos diferentes. Cambiar el saldo a euros elimina la exposición directa a esa stablecoin, pero puede generar comisiones de negociación. Sustituirla por otro token mantiene la exposición a riesgos relacionados con las criptomonedas, incluidos los del emisor y la liquidez. Transferir los activos a una cartera personal modifica su forma de custodia, pero no resuelve la situación regulatoria del token ni garantiza que posteriormente pueda aceptarlo un servicio regulado en la UE.
Las empresas que aceptan pagos en stablecoins deberían revisar sus acuerdos con procesadores de pagos, exchanges y proveedores de custodia. Un comercio podría seguir recibiendo pagos de sus clientes y descubrir después que su proveedor de liquidación ya no puede convertir un token determinado a euros. Los departamentos de tesorería también deben considerar si las reservas mantenidas en stablecoins no conformes podrían resultar difíciles de intercambiar o transferir. Los contratos que mencionen tokens específicos pueden necesitar una revisión, especialmente cuando sea necesario establecer métodos alternativos de liquidación. Estas son consecuencias operativas y no nuevas obligaciones impuestas directamente a todos los comercios por el dictamen de octubre, pero pueden afectar considerablemente a las empresas que dependen de la liquidez de las stablecoins.
La decisión de octubre refuerza la posición comercial de las stablecoins que cumplen los requisitos regulatorios europeos, aunque no garantiza su éxito en el mercado. Los exchanges interesados en mantener servicios fiables para sus clientes de la UE tienen incentivos para dar prioridad a los activos con una situación jurídica clara y emisores que dispongan de las autorizaciones correspondientes. Los tokens denominados en euros pueden beneficiarse de la demanda de operaciones de liquidación sin conversión de divisas, mientras que las stablecoins vinculadas al dólar que cumplen la normativa pueden seguir atendiendo a clientes que necesitan exposición a esta moneda. La competencia también dependerá de la liquidez, los costes de transacción, las redes compatibles y la disponibilidad de servicios de reembolso. El cumplimiento regulatorio es una consideración esencial, pero no es el único factor que determina la utilidad práctica de una stablecoin.
La clasificación de USDC como EMT significativo por parte de la Autoridad Bancaria Europea en octubre demuestra cómo evoluciona la supervisión junto con el mercado. Los tokens considerados significativos están sujetos a una vigilancia adicional debido a que su tamaño e importancia pueden generar riesgos financieros más amplios. Conforme a MiCA, esto puede implicar requisitos adicionales relativos a las reservas, la liquidez y los recursos financieros. Esta clasificación no significa que USDC esté libre de riesgos ni que disfrute de la protección de un fondo de garantía de depósitos bancarios. Los titulares de stablecoins siguen expuestos a posibles interrupciones operativas, dificultades del emisor, desviaciones del precio de mercado y pérdidas. MiCA pretende reducir determinados riesgos mediante garantías regulatorias, no eliminar todas las posibilidades de perjuicio económico.
A finales de octubre de 2026, el mensaje principal para el mercado europeo de criptomonedas es que el cumplimiento regulatorio debe ir más allá de la inclusión inicial de un token en una lista de negociación. ESMA espera que las empresas autorizadas examinen si el conjunto de sus servicios permite a los clientes adquirir, mantener o acceder de cualquier otra forma a stablecoins no conformes. La prioridad inmediata consiste en resolver las exposiciones existentes dentro del plazo de supervisión permitido, protegiendo al mismo tiempo a los clientes frente a interrupciones innecesarias. Para los inversores, comprobar la situación legal de un token y comprender las opciones disponibles de retirada o conversión se ha vuelto tan importante como seguir su precio. El dictamen de octubre representa un enfoque más estricto de aplicación de las normas existentes de MiCA, y no una prohibición general de las stablecoins en toda la Unión Europea.